Hoy, 9 de septiembre de 2025, se publicó el Reglamento de la Ley 31814, Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial (en adelante, “IA”) en favor del desarrollo económico y social del país, aprobado por Decreto Supremo 115-2025-PCM (en adelante, el “Reglamento”).
El Reglamento ha establecido la clasificación de riesgos generados por el uso de sistemas basados en IA, son los siguientes:
a) Uso indebido: Todo sistema basado en IA, que se use para impactar de manera irreversible, significativa y negativa en los derechos fundamentales o el bienestar de las personas, bajo cualquier circunstancia, por lo que dicho uso deviene en prohibido.
b) Uso de riesgo alto: Todo sistema basado en IA, cuyo uso supone un riesgo para la vida humana, la dignidad, la libertad, la seguridad física y los demás derechos fundamentales de las personas; en función tanto del objetivo establecido como de las posibles consecuencias no deseadas; no obstante, puede ser usado bajo el cumplimiento de determinadas condiciones y/o controles.
El artículo 24 del Reglamento establece que se considera de riesgo alto el uso de la IA para determinar procesos de selección, evaluación, contratación y cese de trabajadores o postulantes a un puesto de trabajo; así como, establecer condiciones laborales. El uso de la IA en estos casos contemplar lo siguiente:
Previo al desarrollo o implementación, se puede realizar un análisis de impacto a fin de identificar y minimizar los riesgos potenciales, garantizando que el sistema evite la afectación a los derechos fundamentales y asegurando que no perpetúen desigualdades o sesgos [1] .
En caso se detecten riesgos que afecten los derechos fundamentales o posibilidad de decisiones automatizadas erróneas, el desarrollador o implementador adopta medidas proactivas para mitigar los impactos y realiza los ajustes necesarios previos a la implementación final. Entre estas medidas se encuentran: ajustes en los modelos, mejora en la calidad de los datos y mecanismos de supervisión humana.
Los desarrolladores e implementadores que realicen una evaluación de impacto documentan sus hallazgos y las medidas correctivas adoptadas. La conservación de esta documentación se realiza por un período mínimo de 3 años, contados a partir de su emisión, lo que facilita la trazabilidad del sistema y sirve como evidencia, de ser requerido por una autoridad judicial o administrativa conforme a sus competencias.
c) Uso de riesgo aceptable: Todos los sistemas basados en IA, que no se encuentren comprendidos en las clasificaciones indicadas, se consideran de riesgo aceptable, y deben garantizar durante su desarrollo, implementación y uso el cumplimiento del Reglamento y la Ley.
[1] Para los empleadores del Sector Público, la implementación de un análisis de impacto de uso de IA en estos supuestos de alto riesgo es obligatorio.
